CARACAS, 30 de julio de 2026. — En el marco de una nueva sesión ordinaria del Consejo Nacional de Universidades (CNU) celebrada este jueves, la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, ofreció un balance exhaustivo sobre la situación operativa, estructural y normativa del sector académico nacional. Durante la jornada, las autoridades anunciaron la puesta en marcha de un plan integral de reorganización, la evaluación técnica de los daños provocados por los sismos del pasado 24 de junio y la extensión de los plazos del Sistema Nacional de Ingreso para resguardar las oportunidades de los bachilleres. 
Al término de la reunión, la ministra Sanjuán destacó que las casas de estudio superior asumirán un rol fundamental en la reconstrucción y recuperación del país. En ese sentido, detalló que se han contabilizado entre 101 y 110 infraestructuras académicas con afectaciones de diversa gravedad (con 17 casos severos y 43 de impacto intermedio). El primer listado consolidado de planteles ya fue remitido formalmente al Sistema de Naciones Unidas (UNESCO) y a la Misión Venezuela Bella para coordinar las labores de reparación. 
Para dar respuesta técnica a esta coyuntura, el pleno del CNU acordó la creación de comisiones paritarias y de una comisión sísmica transversal, la cual estará integrada por las facultades de Ingeniería y Arquitectura de universidades públicas y privadas. Esta instancia se desplegará en el territorio nacional junto a la firma internacional especializada Miyamoto para concretar en un lapso de 60 días el diagnóstico definitivo de habitabilidad y las necesidades edilicias. La asignación de los fondos de recuperación se canalizará por tres vías independientes (UNESCO, Misión Venezuela Bella y Consejo Federal de Gobierno) y ponderará en un 60% la gravedad del daño estructural y en un 40% la matrícula activa, quedando excluida la Universidad Central de Venezuela (UCV) por contar con asignaciones presupuestarias propias dada su condición de Patrimonio Mundial.
En paralelo a la emergencia sísmica, la ministra Sanjuán envió un mensaje de tranquilidad a la comunidad estudiantil y a sus familias, confirmando que el Sistema Nacional de Ingreso se prorrogará por 15 días adicionales. La medida busca atender de manera diferenciada las afectaciones registradas en el estado La Guaira por los recientes eventos telúricos y asegurar que ningún aspirante quede rezagado en su proceso de registro de asignación universitaria.
Un diagnóstico severo: opacidad de datos e hiperregulación
La sesión del cuerpo colegiado sirvió además para la presentación de un crítico diagnóstico institucional que expuso serias distorsiones en la administración del sector. En materia laboral, se identificó que aproximadamente el 10% del personal abonado en nómina reside actualmente en el exterior percibiendo ingresos sin cumplir funciones activas. Asimismo, se detectó una brecha de 20.000 registros entre las maquetas universitarias y los sistemas del estado Patria, registrándose inconsistencias en al menos el 10% de los pagos mensuales. 
Respecto al volumen estudiantil, si bien los registros oficiales computan un universo de 1.198.578 matriculados, la cartera de Educación Universitaria subrayó la urgencia de realizar una auditoría para sincerar los datos frente a probables sobredimensiones. El informe visibilizó además una marcada desproporción en el acceso: el 85% de los aspirantes se concentra en solo 20 instituciones y en carreras tradicionales como Medicina, Derecho y Odontología, desplazando más de 6.400 programas de pregrado disponibles. A este cuadro se suma la parálisis legal derivada de una Ley de Universidades promulgada en 1946, fragmentada hoy por cerca de 2.000 resoluciones vigentes que entrampan la agilidad institucional.
Mesas de trabajo y reestructuración en marcha
Frente a esta realidad, el CNU ratificó la activación de comisiones técnicas de trabajo con un horizonte de acción de seis meses. Estas mesas abordarán la actualización de los instructivos de pregrado (vigentes desde 1999) y posgrado (2001), la regulación de la Educación Multimodal, la creación de un Sistema Nacional de Acreditación de calidad y el diseño de la plataforma de Gestión Universitaria Única para el control riguroso de matrículas, títulos y nóminas. 
Como referente de eficiencia organizativa, se presentaron los avances de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR), ente que redujo sus direcciones rectorales de 26 a 6, reajustó su matrícula real de 155.000 a 60.000 estudiantes validados e impulsó la propuesta para fusionar las tres Universidades Politécnicas Territoriales de Miranda en la nueva "UPT Sebastián Francisco de Miranda". Adicionalmente, el CNU aprobó la creación nacional de la Cátedra Libre para la Convivencia Democrática y la Paz y la Cátedra Libre para el Emprendimiento, Innovación y Startups.
Peticiones del sector universitario
Durante el debate, las autoridades rectorales manifestaron su respaldo a las iniciativas de reforma y a las comisiones técnicas aprobadas. Sin embargo, solicitaron formalmente al despacho ministerial la entrega en el plazo de una semana de las fichas técnicas con los objetivos, alcances y productos esperados para cada mesa.
Las autoridades universitarias exhortaron a adaptar los cronogramas de trabajo tomando en cuenta el inminente receso vacacional y solicitaron la inclusión de temas de alta relevancia operativa en la agenda nacional, entre ellos la discusión presupuestaria, la dignificación de las tablas salariales y la urgente renovación tecnológica de los laboratorios académicos, cuyos equipamientos se encuentran desactualizados desde las décadas de 1970 y 1980.
