Caracas — Con el propósito de consolidar las políticas públicas orientadas al fortalecimiento del subsistema de educación universitaria, se llevó a cabo una nueva sesión plenaria del Consejo Nacional de Universidades (CNU) en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU).
El Consejo Nacional de Universidades, presidido por la ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, aprobó el diseño del Reglamento Unificador de Reglamentos Transitorios en su más reciente sesión plenaria. La medida busca homogenizar los procesos electorales de autoridades rectorales en las casas de estudio del país, tomando como antecedente de referencia la experiencia aplicada en la Universidad Central de Venezuela. La jornada contó con la participación de integrantes del gabinete ejecutivo, entre ellos el ministro del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, Iván Gil; la viceministra para la Transformación de la Educación Universitaria, Socorro Hernández; la viceministra para el Vivir Bien Estudiantil y la Comunidad Universitaria, Génesis Garvett; y el director adjunto de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, Ricardo Ríos.
Al cierre de la sesión, la ministra Ana María Sanjuán destacó los avances de la agenda de trabajo institucional, orientada a la democratización y el fortalecimiento del subsistema de educación universitaria:
«Aprobamos el diseño de un Reglamento Unificador de todos los reglamentos transitorios de las universidades Central de Venezuela y Los Andes, considerando que el de la Central de Venezuela ha probado ser un método exitoso para la elección de sus autoridades rectorales, con la participación de todos los sectores de la comunidad universitaria. Asimismo, aprobamos la propuesta metodológica para la discusión de una nueva Ley de Universidades creada desde cero».
Alianza estratégica para la investigación científica y tecnológica
Durante la plenaria, el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología presentó un plan especial de apoyo a la investigación, articulado conjuntamente con el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología en Innovación (FONACYT) y el MPPEU. La iniciativa prioriza proyectos interinstitucionales y multidisciplinarios en áreas clave para el desarrollo socioeconómico nacional, tales como salud, energía, inteligencia artificial, biotecnología, agroindustria y soberanía digital.El programa contempla la creación de una revista científica nacional y el despliegue de infraestructura de conectividad de alta velocidad en los campus universitarios, iniciando la fase piloto en la Universidad Central de Venezuela.
Avances en bienestar estudiantil y previsión social
La viceministra Génesis Garvett anunció la culminación del registro del Sistema Nacional de Becas Universitarias, confirmando que la asignación y ejecución de este beneficio iniciará formalmente en el mes de noviembre. En materia de soberanía alimentaria, la red de comedores universitarios experimentó un incremento superior al 100 %, alcanzando 26 recintos activos en todo el territorio nacional, sumando la incorporación de seis Universidades Politécnicas Territoriales (UPT). Los desembolsos presupuestarios se coordinarán con los calendarios de inicio de clases de cada institución.
Gestión institucional y comisiones de trabajo
La viceministra Socorro Hernández presentó el informe de gestión de las 12 comisiones permanentes del CNU, resaltando el levantamiento del mapa integral de infraestructura universitaria realizado por la Comisión N.° 1 para articular financiamientos de recuperación edilicia. En relación con el seguimiento institucional, se ratificó el acompañamiento a la Universidad de Los Andes en sus procesos internos y la continuidad de la Mesa Técnica con la Universidad Simón Bolívar. En cuanto a la Universidad Bicentenaria de Aragua, se confirmó la entrega formal de 132 títulos correspondientes a las promociones 2024 y 2025, precisando el estatus de cierre de la extensión ubicada en el estado Táchira.
Metodología participativa para una nueva Ley de Universidades
Las autoridades sometieron a consideración la ruta metodológica para la construcción de una nueva Ley de Universidades adaptada al marco constitucional de 1999. La consulta abarcará tres niveles deliberativos: asambleas en cada recinto, 24 encuentros estadales de sistematización y un gran encuentro nacional. La propuesta fue valorada de forma favorable por autoridades rectorales del país. La rectora de la Universidad de Carabobo, Jessi Divo de Romero, enfatizó:
«Quiero reconocer el trabajo de nuestra ministra Ana María Sanjuán, quien ha tenido la sapiencia de respetar cada una de las posiciones y reconocer al otro en la diferencia para conciliar consensos. No hay que tener miedo al debate, sino por el contrario, respetar nuestras disidencias y buscar encuentros en un punto común, que es la universidad venezolana».
Por su parte, la rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Sandra Oblitas, destacó la dimensión protagónica de la convocatoria:
«Se ha presentado una metodología para dar inicio a un debate profundo que representa una deuda histórica con las universidades y el país. Este proceso debe construirse desde las bases, convocando activamente a estudiantes, trabajadores docentes, administrativos, obreros, egresados y jubilados de toda la comunidad universitaria».
Asimismo, el rector de la Universidad Central de Venezuela, Víctor Rago, resaltó el alcance de la consulta:
«Se presentaron nuevas propuestas que van a estimular el debate que conducirá a la redacción de un nuevo proyecto de ley de educación universitaria. Es un debate que debe contar con una amplia participación en todos los niveles, en los espacios universitarios y fuera de ellos».
Mecanismo de verificación de títulos en el área de la salud
Finalmente, se presentó el proyecto de resolución conjunta entre el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y el Ministerio del Poder Popular para la Salud, a través del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS). La normativa exigirá a las instituciones universitarias la remisión de listados digitales auditables en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a cada acto de grado, blindando la matriculación y previniendo la falsificación de títulos en ciencias de la salud.
